Sayli Sosa Barceló
Mientras llega a su fin el período de vigencia del Acuerdo 8574 de 2019 del Consejo de Ministros, que dio luz verde para legalizar las viviendas (cuartos, habitaciones, accesorias y locales) construidas al margen del ordenamiento territorial —siempre que cumplan con las regulaciones territoriales y urbanísticas—, la provincia avanza en la erradicación de barrios ilegales. Al cierre de 2023, 512 viviendas en seis comunidades recibieron sus “papeles”.
Finca la Horquita, La Arboleda, Camino del Barro, Barrio Tuero y Los Estrada, en Morón, y La Palma, en la cabecera provincial, fueron los asentamientos que recibieron el beneficio del trabajo de la Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanístico (DOTU) el pasado año, que prevé para 2024 erradicar otros 10 barrios.
Un informe de la DOTU al Consejo Provincial de febrero último cifró en 1376 viviendas a regularizar en El Rosario, El Jiquí, Canaleta, El Ingenito, La Llama y las Yaguas, todas de la ciudad capital; 29 en el Barrio 9 de abril (Baraguá); 395 en el barrio Uneca Cartón y 58 en Camino del Barro (Morón); y 27 en La Curva (Florencia).
El inventario total de ilegalidades urbanísticas para 2024 en la provincia es de 3387, de ellas 15 corresponden a personas jurídicas y 3372 a personas naturales.
De esos totales, deberán ser erradicadas 1900, la inmensa mayoría en el sector de las personas naturales. El cumplimiento de estos planes, han insistido las autoridades de la DOTU en varios escenarios, deberá estar acompañado por un grupo de acciones por parte de los consejos de la administración municipales.