Por Carlos G. González Ruiz
Perfeccionar los procesos de producción, transformación, comercialización y consumo de los alimentos y proteger el derecho de las personas a una alimentación sana y adecuada, son propósitos fundamentales de la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En momentos que a nivel internacional crecen los precios de los alimentos e insumos, a consecuencia de la pandemia, y se recrudece la criminal guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra el país, no queda otra alternativa que acabar de transformar la agricultura –y la mente de muchos compatriotas- acorde con los retos de hoy y de mañana, y de nuestras condiciones y potencialidades endógenas.
Recordemos que Soberanía alimentaria es la capacidad de la nación para producir alimentos de forma sostenible y dar acceso a toda la población a una alimentación suficiente, diversa, balanceada, nutritiva, inocua y saludable, reduciendo la dependencia de medios e insumos externos, por lo que es un asunto de seguridad nacional, mucho más cuando el imperio del norte ha pretendido rendirnos por hambre y obstaculiza el comercio con Cuba.
No por gusto la Constitución de la República en su artículos 77 y 78 establece que todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada y a consumir bienes y servicios de calidad, que no atenten contra su salud. También, a acceder a información precisa y verás sobre estos, así como a recibir un trato equitativo y digno de conformidad con la ley.
Igualmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible persigue poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible como premisa para alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental.
Por ese camino debemos avanzar, es sin duda, una alternativa viable y con resultados probados.