Por María Josefina Arce.

Una vez más los cubanos tienen la posibilidad de emitir sus opiniones y sugerencias sobre una futura legislación del país, en este caso referida a la comunicación social, que aborda de manera integradora todos los ámbitos de esa esfera.

Desde ya los ciudadanos pueden acceder al anteproyecto, en su versión 32, en la página web del Ministerio de Justicia, además de que como es habitual se han habilitado todas las vías posibles para facilitar la participación del pueblo en la consulta.

Es así que se ha puesto a disposición de la sociedad correos electrónicos, números telefónicos, así como las redes sociales de diversas instituciones.

A este texto se llega después de un proceso de varios años de estudio de diversos documentos para lograr una ley robusta, estratégica y oportuna. Se han analizado más de 300 normativas cubanas desde el siglo XIX, pero además, se han tenido en consideración textos de los fondos del Instituto de Historia.

Para conformar el anteproyecto se ha conciliado la experiencia cubana con la internacional. De ahí que hayan sido examinados documentos sobre la comunicación de la mayoría de las naciones de América Latina y de otras regiones del mundo.

Hay que destacar igualmente que se han tenido en cuenta normas de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como literatura sobre el tema y estándares internacionales sobre transferencia y acceso a la información.

Ha sido un exhaustivo trabajo para no dejar fuera ningún detalle importante. Se ha logrado, de acuerdo con los expertos, que por primera vez en Cuba se integre en una legislación lo referente al sistema de comunicación, medios, publicidad y marca país, entre otros aspectos.

Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, aclaró que el documento no busca restringir o limitar, sino que ofrece mayores oportunidades, al tiempo que abre el camino para una relación efectiva entre la prensa, las instituciones y las fuentes de información.

Durante la presentación a la prensa del texto, se destacó que está en sintonía con el proceso de institucionalización del país y con la noción del ciudadano como centro de la comunicación.

Enriquecedora sin dudas, será la participación de la ciudadanía, acostumbrada a emitir sus criterios y sugerencias sobre leyes y documentos que regirán la vida en el país, que se distingue por su democracia participativa.

Opiniones que son tomadas en cuenta y analizadas una por una por la comisión redactora de los distintos documentos, para no dejar fuera, ni sin una debida respuesta las observaciones de la sociedad, principal destinataria de la comunicación.

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