La inserción de nuevos actores en el entramado de la economía, tiene un impacto significativo en el desarrollo territorial, no solo por el aporte monetario al presupuesto, sino también por la repercusión social en las comunidades donde están enclavados, no obstante, están lejos de alcanzar el encadenamiento necesario para impulsar la producción de bienes que urge al país.
Anisley Gómez Rodríguez, directora de Desarrollo Territorial en Ciego de Ávila, explicó que la provincia cuenta con 205 nuevos actores económicos aprobados, de ellos dos son cooperativas no agropecuarias y 203 son micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, con personalidad jurídica y capital propio, que operan alejadas del presupuesto del Estado y realizan todas las transacciones en el marco de su jurisdicción como empresa.
Reconoció que es incuestionable la contribución de este sector, la cual ascendió, hasta el cierre de julio, a 428 700 800 pesos por el pago de impuestos a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, y representó, además, la generación de nuevos empleos que impactan en lo social. Sobresalen también por la ayuda, en la comunidad donde radican, en cuestiones asociadas a los servicios y a personas vulnerables.
Sin embargo, es una asignatura pendiente materializar el encadenamiento que se persigue con el sector estatal, que no es ceder instalaciones, infraestructura o maquinarias, sino lograr un complemento, para que, con su liquidez desde el punto de vista financiero, importen materias primas y pongan en producción líneas que hoy están inactivas, con el propósito de lograr mayor desarrollo de la actividad en general, acotó.
Gómez Rodríguez ejemplificó casos de indisciplinas asociadas a la bancarización, como no usar las pasarelas electrónicas, ni el código QR y la falta de la cuenta fiscal. Aunque es una minoría la que no lo ha hecho bien, dijo, se han realizado entrevistas entre ellos y las direcciones de desarrollo municipal que atienden la actividad, y nunca ha habido una negativa, ni un rechazo, pues muchas veces no lo hacen por desconocimiento, por eso se insiste en la dirección metodológica.
Recordó que el decreto Ley 91, de reciente implementación, con las nuevas normas para estos actores, hace hincapié en las contravenciones para los hechos ilícitos, como no poseer una cuenta fiscal o no usar las pasarelas de pago.
Este cuerpo legal permite ir con más fortaleza y precisión a explicar y persuadir, pues no se trata de cerrar negocios, sino de trabajar sobre la base de lo legislado y lo que el país tiene dispuesto.
La Dirección de Inspección Provincial y las que funcionan en cada municipio, se encargan de hacer cumplir lo que está establecido, no es la multa por la multa, sino velar por la transparencia y la legalidad en las operaciones que se realicen, subrayó.
(Autor: Magaly Zamora Morejón)