Tomado de PL/8 de abril de 2021
Lester D. Mallory no podía imaginar en 1960 que en Cuba, más de seis décadas después, el proceso revolucionario mantendría su vigencia e incluso trabajara en el perfeccionamiento del modelo socioeconómico socialista.
Las medidas implementadas por Estados Unidos desde el inicio mismo del triunfo rebelde de enero de 1959, debían bastar para torcer el rumbo y provocar el fracaso del proyecto que ya mostraba su vocación patriótica y popular, con la promulgación de las primeras leyes.
El 6 de abril de 1960, Mallory, entonces subsecretario adjunto para Asuntos Interamericanos, en memorándum secreto del Departamento de Estado, definía los objetivos del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impondría a la nación caribeña.
Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, planteó en el documento en el que propuso las acciones para privar al país de dinero y suministros, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno.
“La mayoría de los cubanos apoyan a Castro… el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales…”, planteó.
Iniciaba así una escalada de hostilidad que llega hasta hoy. El 3 de febrero de 1962 el presidente John F. Kennedy (1961-1963) firmó la orden ejecutiva que impuso el bloqueo, convertido en ley en 1992 y 1996.
Desde esa temprana fecha, el cerco estadounidense ha sido el principal obstáculo para el desarrollo de esta nación del Caribe. Ningún ciudadano o sector de la economía escapa de las afectaciones derivadas de esa política.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a precios corrientes, los daños acumulados hasta 2020 debido a aplicación del bloqueo ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares.
Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, esa política ha provocado perjuicios cuantificables por más de un billón 98 mil 8 millones de dólares.
Más allá de las cifras, el bloqueo se traduce en carencia de alimentos y medicinas, materiales escolares, equipamiento e insumos para hospitales y, en general, afectaciones considerables al nivel de vida de las personas.
Pese a que la Casa Blanca nunca ha declarado una emergencia nacional con respecto a Cuba, con la cual no tiene un conflicto bélico, sucesivas administraciones estadounidenses prorrogaron esa práctica y ampliaron su alcance.
El cerco forma parte de un entramado que abarca leyes y regulaciones administrativas, como la Ley para la Asistencia Exterior (1961) y la Ley para la Administración de las Exportaciones (1979), la Ley Torricelli (1992), la Ley Helms-Burton (1996).
El bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, califica como un acto de genocidio, en virtud del inciso c, artículo II, de la Convención de Ginebra para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948. También se considera como un acto de guerra económica, según la Conferencia Naval de 1909 de Londres.