Esta historia no es nueva. Comenzó en 2016, cuando se autorizó la construcción de dos Parques Solares Fotovoltaicos (PSFV) en Cayo Coco. Diez años después, la idea resurge con mayor fuerza y ahora están a punto de iniciar el primero de ellos, al que le seguirán otros en varios islotes del destino turístico Jardines del Rey.
Ante la incertidumbre que genera esta experiencia, primera en un cayo de Cuba que no solo posee valores turísticos, sino también naturales y ambientales, Invasor advierte sobre el lugar escogido —o los que pudieran escoger en un futuro— para este tipo de inversiones, dada la fragilidad del ecosistema.
De acuerdo con el Máster en Ciencias Raúl Gómez Fernández, especialista del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), en esos territorios resulta difícil trazar en un mapa la línea exacta que separa las zonas antropizadas —aquellas donde la actividad humana ha transformado el entorno— de las no antropizadas.
Expertos consultados señalan que la autorización de 2016 tenía una vigencia de solo dos años y que, actualmente, un dictamen de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) expuso las razones por las cuales la construcción debería realizarse en otra zona.
Según esos criterios, el lugar inicialmente seleccionado —Oeste de cayo Coco— forma parte de ecosistemas no antropizados, y las barreras que impondrá la intervención humana terminarán por fragmentar el hábitat.
El proyecto llegó hasta la Comisión de compatibilización de inversiones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Ciego de Ávila, como quien toca a una puerta que podría abrirse o cerrarse para siempre.
En esa instancia, donde se sopesa el valor del ecosistema y la importancia del progreso, se evaluó su compatibilidad con el ordenamiento ambiental territorial.
Y la respuesta fue un no rotundo. Se denegó la construcción del parque solar en la parte Oeste de la zona conocida por El Bagá, porque ese territorio guarda amplios valores faunístico y florístico.
La parte Este recibió el visto bueno para el inicio de la inversión.
El área destinada para la construcción del PSFV no se definió a la ligera, sino tras un proceso de consultas, a modo de quien pide permiso antes de colocar la primera piedra.
La ORSA —esa otra voz que representa el ordenamiento territorial— propuso que el parque ocupara 8.5 hectáreas, no las trece que reclamaba el inversionista, en este caso la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila.
Bajo esa regla se pretende avance el proyecto, sabiéndose huésped y no dueño porque, aun así, la contundencia de los argumentos técnicos, aseguran que la propuesta se encuentra en la zona de amortiguamiento de un Área Protegida de Significación Nacional.
No se trata de una interpretación discutible: la ley es clara al definir que estas zonas tienen como finalidad mitigar impactos externos y no albergar infraestructuras que los generen.
Marialina Herrera Riera, directora de inversiones de la Empresa Eléctrica, aseguró que la construcción del PSFV se ejecutará bajo el más estricto cumplimiento de todas las disposiciones establecidas, sin incurrir en violaciones normativas.
Según sus declaraciones, el propósito fundamental es minimizar las posibles afectaciones al medio ambiente, integrando criterios de sostenibilidad desde la fase de planeación hasta la operación del proyecto.
El respeto por los ecosistemas locales y el ordenamiento territorial no es un obstáculo, sino una condición indispensable para que la generación de energía limpia sea realmente compatible con la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades aledañas.
/Autor: Ortelio González Martínez/