Proteger a la población frente a un fenómeno que perjudica e irrita a todos: la violación flagrante e inescrupulosa de precios, resulta hoy casi tan urgente como adoptar todas las medidas posibles para incrementar niveles productivos y de servicios que respondan en mayor grado a las necesidades de la sociedad cubana.
Por ello, mientras algunos visitados reprochan o murmullan, el grueso de los usuarios ve con buenos ojos –y esperanzas de mejoría– las acciones de supervisión o de control, no solo para detectar irregularidades y aplicar las medidas correspondientes, sino también para enseñar, educar, situar las cosas en su justo orden y poner coto a la impunidad.
Que tal procedimiento o experiencia es necesario, lo demuestra, por ejemplo, el saldo de un recorrido realizado recientemente en Sancti Spíritus: 962 inspecciones, 805 multas por incongruencias de algún tipo, monto total superior a 1 470 000 pesos. En ese contexto, fueron aplicadas 64 ventas forzosas y seis decomisos de productos, además de ser detectadas algunas ilegalidades.
Aunque esas acciones contribuyen a ir cerrando el cerco en torno al asunto, los resultados del ejercicio de acción conjunta para el control de los precios indican que lo verdaderamente efectivo sería lograr una sistematicidad permanente, con apego al rigor que demandan normas y leyes aprobadas y que no siempre, ni por todos, son cumplidas.
La delicada situación que enfrenta el país, su repercusión en términos de salario y el éxodo hacia sectores donde la remuneración es un poco más favorable, han incidido de forma directa también sobre los cuerpos de inspección. Se sabe. Pero estos recorridos demuestran –y es evidente en Sancti Spíritus– que es posible obrar sobre la base de una integración de personal capacitado y competente, perteneciente a las propias estructuras de inspección, Trabajo y Seguridad Social, la Pesca, Salud, Higiene y Epidemiología, la pnr, Transporte, Fiscalía, el Banco, Comercio Interior…
Según explica Maida Yadró Díaz, jefa del Grupo de Supervisión de la inspección provincial, en dependencia de la irregularidad detectada, se puede aplicar desde una advertencia o multa hasta el cierre de establecimiento, con retiro del proyecto.
¿Qué todo eso es evitable? Por supuesto que sí. Solo que hay quienes olvidan el llamado a la legalidad, ignoran conscientemente las vicisitudes que atraviesa el país y las consiguientes necesidades de la población, violan precios topados y concertados, pasarelas de pago y cometen el error de considerarse no solo por encima de la ley, sino también del pueblo que las aprueba y que tiene todo el derecho a estar protegido por ellas durante los 365 días del calendario.
/Autor: Pastor Batista Valdés/