El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, declaró en su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que se le juzga por supuestos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y otras imputaciones: «Soy el Presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas».
La operación militar que llevó a la aprehensión del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es considerada por expertos internacionales como una detención ilegal, violatoria del Derecho Internacional, que vulnera la Carta de las Naciones Unidas.
Se trata de un verdadero secuestro contra un mandatario en activo, que marca un peligroso precedente en la arena internacional, al violar la inmunidad de un Jefe de Estado.
«No soy culpable, soy un hombre decente y sigo siendo el Presidente de mi país», expresó Maduro ante al juez Alvin Hellerstein, rechazando así los cargos en su contra. La esposa del mandatario, Cilia Flores, procedió de la misma manera, y se declaró inocente ante el magistrado.
El Gobierno de EE. UU. acusa al mandatario de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y otros dispositivos, conspiración para poseer estas armas en apoyo de actividades criminales.
Por último, en el colmo de la falacia, les acusan de colaborar con organizaciones criminales, calificadas como terroristas por Washington, y de liderar el supuesto Cártel de los Soles, una narrativa creada para inculparlos y justificar la agresión contra Venezuela.
Tras el secuestro del mandatario venezolano y su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, junto a su esposa, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, había dicho que Maduro y Flores «pronto se enfrentarán a la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses».
La amenaza es impropia de tan alto cargo de Justicia en una nación, mucho más contra un detenido en circunstancias de absoluta ilegalidad, mediante una operación militar no autorizada por el Congreso de ese país. Además, la atribución del aparato de Justicia de acciones que corresponden al sistema legislativo, es una grave violación de la Constitución y las leyes de ese país.
De acuerdo con el defensor de Maduro, el experimentado abogado litigante Barry Pollack, reconocido, sobre todo, por ser el abogado del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la detención del líder bolivariano es un secuestro militar.
También informó a la prensa que, aunque por el momento no está buscando la liberación bajo fianza, no descarta la posibilidad de hacerlo más adelante.
El juez del caso dictaminó que la próxima comparecencia de Maduro ante el tribunal será el 17 de marzo, para una nueva audiencia. Hasta entonces, debe permanecer bajo custodia.
(Autor: Raúl Antonio Capote)