Transformaciones dirigidas a otorgarle mayor autonomía y posibilidades de desarrollo se implementan en Cuba para fortalecer la empresa estatal, reconocida como el principal actor económico del modelo socialista cubano.
Estas formas de gestión contribuyen con alrededor del 75 por ciento de los ingresos fiscales al presupuesto del Estado y se encuentran entre las principales fuentes de empleo y de mayores aportes a la generación de bienes y servicios que tributan al PIB nacional.
Con antecedentes tan lejanos como el Programa para el Perfeccionamiento Empresarial, a partir de 2011, con los Lineamientos socioeconómicos aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, en este sector comenzaron a introducirse numerosos cambios orientados a lograr empresas más eficientes, eficaces e innovadoras.
En 2017 se produjeron importantes cambios con la estructura del sistema empresarial cubano, lo cual significó la aparición de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), a lo que continuaron mayor autonomía en las concepciones de los planes, la gestión financiera y cambios en la distribución de utilidades.
No obstante, las transformaciones no lograron los resultados esperados y en el entramado empresarial continuaron tendencias nocivas para la economía nacional relacionadas con la mala planificación, el pago de salarios sin respaldo productivo, excesiva intervención del presupuesto del Estado en las finanzas empresariales y predominio de las importaciones sobre las exportaciones.
Esta semana autoridades gubernamentales dieron más detalles sobre las nuevas medidas adoptadas recientemente para continuar el perfeccionamiento de este actor económico. Si bien no acapararon tanto la atención de la opinión pública como el incremento salarial en el sector presupuestado, su implementación es vital para que las acciones que se propone el gobierno cubano encuentren feliz término.
Las medidas apuntan a garantizar esquemas de financiamiento que aseguren el capital de trabajo y permita establecer esquemas de encadenamientos productivos o bienes y servicios para la exportación, ya sea mediante instituciones financieras o la retención de ingresos.
Además otorgan mayor autonomía a las empresas situando a este nivel de aprobación facultades que antes requerían la aprobación de las OSDE, como es el caso de la formación de precios o la importación de materias primas específicas. Las mayores beneficiadas en estos casos serán las que produzcan para la exportación.
En respuesta a señalamientos realizados con anterioridad, las acciones introducen cambios como el incremento del pago de utilidades a los trabajadores, de tres salarios medios a cinco, bajo el requisito del cumplimiento de los indicadores productivos, y la modificación del proceder establecido hoy para financiar las actividades de desarrollo y de capacitación, que sean consideradas como inversión y no como gastos.
Aunque no se especificaron, las empresas de subordinación local del sistema de comercio minorista también serán beneficiadas con varias acciones para incrementar su eficiencia. De igual forma se avanza en la flexibilización de la planificación- sin perder su condición centralizada-, y una mayor garantía en la contabilidad de los hechos económicos.
Necesitamos que el sistema empresarial aproveche las facultades que se le han dado, que haya motivación para producir, que se oferten más bienes y servicios a la población. Si el sector empresarial no nos apoya en eso, las medidas no van a tener efecto, dijo esta semana Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de estado y de Ministros, durante una reunión con los miembros de las juntas de Gobierno -creadas para supervisar el funcionamiento del sistema empresarial y exigir su máximo rendimiento.
En un contexto internacional adverso y con desafíos internos propios de un país subdesarrollado y bloqueado, el sistema empresarial tiene ante sí el reto de perfeccionar la planificación, fomentar la innovación, la inversión extranjera y el encadenamiento productivo y proponer al mercado bienes y servicios cada vez más competitivos y con vocación exportadora.
Pese a la compleja coyuntura actual en que se desenvuelve el 2019, Cuba no renunciará al turismo- uno de sus sectores estratégicos- ni a sus metas en este giro, que prevé al cierre del calendario en curso llegar a más de cinco millones de viajeros.
De esa cuantía, ya el destino antillano recibió sus dos primeros millones, con 12 días de antelación a 2018.
Encaminadas a frenar esta y otras esferas, la Administración Trump ha puesto en vigor medidas asociadas, sobre todo, a las transacciones financieras, el comercio y en especial a los viajes; así como dio vía libre al Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton, lo cual ha concitado el rechazo mundial.
Ante tal reforzamiento del bloqueo, el Gobierno cubano ha asegurado garantía legal y acompañamiento frente a cualquier manifestación de amenaza a la que puedan ser sometidos los inversores.
Esta medida, aseveran los expertos, no podrá ser aplicada dentro de Cuba. Todas las empresas que tienen negocios en el país poseen total seguridad jurídica a tenor de la Ley 118 de la Inversión Extranjera y la Ley 80 de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas.
Haciendo caso omiso a la oposición de socios como la Unión Europea y Canadá, Washington sigue apretando el cerco- de casi 60 años- en contra de la Antilla Mayor, único territorio en el orbe donde los estadounidenses no pueden realizar turismo libremente, solo mediante alguna de las 12 licencias autorizadas.
Aun así, la industria del ocio local emerge como un agente dinamizador de la economía nacional y muestra números positivos en los primeros meses del año, pese al efecto negativo de la postura injerencista de la Casa Blanca.