Las autoridades cubanas consideran que uno de los sectores más afectados por el bloqueo económico de Estados Unidos contra esta isla es el turismo, tal y como lo reflejan en un informe oficial. Este parecer lo corroboran diferentes aspectos de la industria de los viajes que lejos de mejorar en esas relaciones bilaterales, empeoran ahora.

El turismo es sin dudas, uno de los motores impulsores de la economía cubana, pues hoy el destino Cuba es de la preferencia de incontables turistas, que aprecian no solo la belleza natural del país, sino también la hospitalidad de su pueblo, la seguridad de sus calles y su rico patrimonio histórico y cultural.

Pero es también uno de los sectores más golpeados por el férreo bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante casi sesenta años a los cubanos.

Bajo la actual administración estadounidense el turismo ha sufrido fuertes presiones y las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump han buscado entorpecer su crecimiento.

La prohibición, a partir de junio de 2019, de permisos otorgados a aviones no comerciales y barcos de pasajeros y recreativos para estadías temporales, incluidos cruceros, en la Mayor de las Antillas limitó la llegada en este año al territorio cubano del número de vacacionistas que escogen esas modalidades de viaje.

La activación en mayo pasado del Título III de la Ley Helms-Burton atenta igualmente contra el desarrollo del turismo, al posibilitar que se presenten  demandas en cortes de Estados Unidos contra compañías cubanas y extranjeras vinculadas al sector.

Por demás, la industria turística cubana compite en condiciones complejas, pues debe adquirir los productos e insumos hoteleros en Europa y Asia, y tiene vedado el acceso a importantes compañías publicitarias internacionales.

El informe sobre los daños que ocasiona el inhumano cerco, presentado el pasado mes en La Habana, por el canciller Bruno Rodríguez, precisa que las pérdidas causadas en el sector turístico, de abril de 2018 a marzo de 2019, ascienden a unos 383 millones de dólares.

A pesar de ese adverso panorama se ha trabajado intensamente y Cuba se prepara ahora para la temporada alta de turismo, que se inicia en noviembre próximo, con más de tres mil habitaciones hoteleras.

En una reunión de balance del sector, encabezada por el presidente cubano, Miguel Díaz Canel, se conoció de la apertura de nuevos hoteles y de inversiones en el denominado turismo de naturaleza.

También se explicó sobre la recuperación de decenas de inmuebles patrimoniales, muchos de ellos instalaciones turísticas. A esto se suma la presentación de nuevos productos, a propósito del aniversario 500 de la fundación de La Habana, que se celebra precisamente el venidero mes.

El bloqueo norteamericano impone muchas limitantes, pero las autoridades del sector no descansan por promover la auténtica Cuba a todos los pueblos que quieran conocernos y disfrutar de las variadas opciones que ofrece.

El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, impide sostener el mantenimiento y reparación de las locomotoras marca General Motor, traídas en 1953 por la compañía Building Locomotive Works.

Trabajadores del sector turístico en Ciego de Ávila se suman al repudio mundial contra la política genocida del gobierno norteamericano, que arrecia el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el recrudecimiento del bloqueo continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba, con efectos cada vez más notables en su aplicación extraterritorial. La estrategia estadounidense se enfocó en consolidar la confrontación y la hostilidad, tanto en el plano declarativo como en la ejecución de medidas de agresión económica contra el país.

El clima de hostilidad en las relaciones bilaterales ha estado fuertemente marcado por el incremento de la retórica agresiva del gobierno estadounidense contra Cuba. Como parte de esta escalada, EE.UU. intentó introducir 8 enmiendas al proyecto de resolución contra el bloqueo presentado por Cuba el 1ro de noviembre de 2018 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de su maniobra era modificar la naturaleza del texto y fabricar pretextos para la continuidad y el reforzamiento de su política genocida, recurriendo a falsas alegaciones en materia de derechos humanos.

A pesar de las fuertes presiones ejercidas por los EE.UU., la comunidad internacional rechazó sus propuestas, al tiempo que expresó una vez más, su apoyo abrumador a la resolución de condena al bloqueo.

El presente informe evidencia cómo el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba, continúa representando un freno para el desarrollo de todas las potencialidades de la economía cubana, para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde abril de 2018 hasta marzo de 2019, el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 4 mil 343, 6 millones de dólares.

El significativo impacto negativo de la aplicación de las medidas adoptadas recientemente por los Estados Unidos para recrudecer el bloqueo contra Cuba no está contabilizado en el presente informe, por exceder el cierre del periodo analizado. Esta información estará recogida en el documento que se presentará el próximo año.

A precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política alcanzan la cifra de 138 mil 843, 4 millones de dólares. Tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 922 mil 630 millones de dólares, valor que representa un decrecimiento del 1,2 por ciento con respecto al período anterior, debido a la disminución del precio del oro en 1,6 por ciento.

Transformar el costo del bloqueo en capacidad de pago del país, permitiría disponer de una fuente de financiamiento adicional, sustantiva y sostenida que otorgaría un mayor dinamismo a los programas inversionistas vinculados a los sectores estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. De esta manera, se crearían las condiciones necesarias para lograr gradualmente ritmos sostenidos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

En el período analizado, el fortalecimiento de la aplicación extraterritorial del sistema de sanciones contra Cuba se reflejó en constantes afectaciones a las empresas, bancos y embajadas cubanas, las cuales enfrentan colosales obstáculos en sus actividades comerciales y financieras en muchos países del mundo.

El Departamento de Estado de los EE.UU., amplió en tres ocasiones la “Lista de Entidades Cubanas Restringidas” que son objeto de sanciones adicionales a las impuestas por las regulaciones del bloqueo. Esta medida ha ocasionado daños considerables a la economía del país, por su efecto intimidatorio sobre la comunidad empresarial internacional.  

A ello se sumaron las disposiciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y del Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento del Comercio de los Estados Unidos de eliminar, a partir del 5 de junio de 2019, las licencias generales para los viajes educativos grupales “pueblo a pueblo” y de negar licencias a las aeronaves no comerciales y embarcaciones de pasajeros y recreativas en estancia temporal, incluyendo los cruceros, lo que impacta severamente el número de visitantes al país. Todas estas acciones fueron tomadas con el objetivo deliberado y declarado de causar daños económicos y privar a Cuba de recursos financieros.

Una demostración sin precedentes del recrudecimiento de la política anticubana del gobierno estadounidense, fue la decisión de permitir la posibilidad de que, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, se puedan tomar acciones judiciales en tribunales de los EE.UU. ante demandas presentadas por ciudadanos o entidades estadounidenses contra empresas o individuos cubanos o de terceros países que se relacionen comercialmente con propiedades nacionalizadas en Cuba en la década de 1960. Esta decisión puso fin a la práctica asumida desde 1996 por los gobiernos estadounidenses anteriores, demócratas y republicanos, y por el propio Presidente Trump en sus dos primeros años de mandato, quienes habían suspendido cada 6 meses esta posibilidad.

La Ley Helms-Burton constituye un instrumento jurídico de coerción política que dispone acciones de presión económica lesivas a la soberanía de Cuba y de terceros países, con el propósito de asfixiar a la economía cubana e incrementar las carencias de la población. Busca perpetuar el clima de hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos y negarle a la nación cubana el derecho a la autodeterminación. Sus regulaciones son contrarias al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio. Esta normativa ha suscitado el contundente rechazo de numerosos actores de la comunidad internacional y de representantes de organismos internacionales.

El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, estas sanciones califican como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y como un acto de guerra económica según lo establecido en la Conferencia Naval de Londres de 1909.

En la actual coyuntura, con más razón que nunca antes, se impone el reclamo al gobierno de los EE.UU. de que cumpla con las 27 resoluciones adoptadas por la comunidad internacional en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ponga fin, sin condicionamiento alguno, a su política de bloqueo contra Cuba.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunció que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero continuó siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba durante el último año.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, presentará en conferencia de prensa este viernes 20 de septiembre, el Informe de Cuba sobre el impacto ocasionado por la política de bloqueo de Estados Unidos en la Mayor de las Antillas en el último año.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó la unidad y resistencia del pueblo cubano ante el bloqueo económico, comercial y financiero que impone Estados Unidos por casi 60 años a la mayor de las Antillas.

Como colofón de una semana en la que se afianzó el retroceso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump extendió por un año más la vigencia de ley que establece la base del bloqueo contra la isla caribeña.

En una nueva acción de reforzamiento del bloqueo comercial, económico y financiero, el Departamento del Tesoro de EE.UU. modificó el Reglamento de Control de Activos de Cuba para imponer nuevas sanciones a nuestro país.

«A través de estas enmiendas regulatorias, el Tesoro está negando el acceso de Cuba a las divisas y estamos frenando el mal comportamiento del Gobierno cubano mientras continuamos apoyando al pueblo de Cuba que tanto sufre», dijo cínicamente el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Básicamente, las nuevas sanciones aumentan las restricciones para el envío de remesas y transacciones bancarias. El Gobierno de ee. uu. impondrá un límite de mil dólares estadounidenses por trimestre en el envío de remesas familiares. También prohíbe el envío de remesas a familiares cercanos de funcionarios cubanos y miembros del Partido Comunista de Cuba.

En su propósito de más de 60 años de asfixiar al pueblo cubano, Washington elimina la autorización para envío de donativos. Sin embargo, ha agregado una cláusula que autoriza tales remesas en caso de que incentive el crecimiento del sector privado cubano independiente del control gubernamental.

También impusieron restricciones a las transacciones U-turn, que consisten en transferencias de fondos llevadas a cabo a través de un banco de EE.UU., pero que no se originan ni tienen como destino este país, y en las que ni el emisor ni el receptor están sujetos a la jurisdicción norteamericana. Con la nueva regla, la Casa Blanca pone fin a un permiso previo que autorizaba estos movimientos, de forma que las instituciones bancarias estadounidenses puedan rechazar esas transacciones.

En los últimos meses, EE.UU. ha aumentado las sanciones sobre Cuba a la par que recrudece la presión sobre Venezuela. A principios de junio, el gobierno de Donald Trump aprobó nuevas prohibiciones al vetar los viajes grupales educativos y al cancelar las autorizaciones para barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros y los yates, así como para aviones privados.