Los participantes exigieron además la abrogación del decreto supremo 4078, que eximía al Ejército de toda responsabilidad penal por lo que hicieran para mantener el orden, lo que fue visto como una 'licencia para matar'.
Además, el Ampliado otorgó un cuarto intermedio hasta que la administración encabezada por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez cumpla los compromisos asumidos con los sectores populares.
En esa cuerda, las organizaciones llamaron a la Central Obrera Boliviana a que rectificara su posición y reclame la renuncia de Áñez, y a la dirección del MAS que convoque una asamblea nacional en no más de cinco días.