En este mes de agosto se cumplen 59 años de importantes acontecimientos relacionados con aquellas nacionalizaciones de las empresas estadounidenses, durante jornadas de gran efervescencia popular cuya impronta cobra particular trascendencia en la actual coyuntura de mayor hostilidad del Gobierno del Donald Trump contra nuestro país.

Fidel anunció la noche del 6 de agosto de 1960 la nacionalización de 26 compañías estadounidenses que poseían tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono, así como 36 de los mejores centrales azucareros del país.

Fue un proceso absolutamente legal, sobre la base de normas jurídicas nacionales e internacionales vigentes en aquel momento, el cual ya tenía un precedente en la Ley de Reforma Agraria de 1959, y que continuó con la nacionalización de tres bancos en septiembre de 1960 y de las demás propiedades estadounidenses en octubre de ese mismo año.

La sujeción y el respeto al derecho de esas medidas llegaron incluso a concebir las vías para compensar a las firmas y personas involucradas en las nacionalizaciones, mediante acuerdos bilaterales que funcionaron con otros países, pero no con los Estados Unidos, pues su Gobierno lo impidió al rechazar cualquier negociación con el naciente Estado Revolucionario, hacia el cual desató una escalada de guerra económica, política y militar que cerró cualquier posibilidad de entendimiento durante décadas.

Por ello resulta muy significativo que la actual Administración de los Estados Unidos, tan alejada como sus antecesoras, e incluso más, de la observancia de los principios del Derecho Internacional, pretenda emplear contra Cuba un engendro jurídico tan cuestionable ética y técnicamente, como la Ley Helms-Burton, en lo que parecería una burla cruel si no fuera una herramienta tan peligrosa y nociva.